Luis Gutiérrez Rodríguez
En la tercera edición de su libro Seguridad y Justicia (impreso en marzo de 2009), el Dr. Alejandro Gertz Manero resumió en 43 puntos, a manera de diagnóstico y en datos de esa época, que ratifican “el profundo grado de corrupción, impunidad, ineficiencia, inseguridad e injusticia que prevalece en el país”.
En los cinco primeros puntos de aquel valiente diagnóstico, Gertz Manero señaló: 1) Que en México se cometen anualmente 11 millones 810 mil 377 delitos, de los cuales sólo un millón 403 mil 425 se denuncian ante el Ministerio Público (MP); 2) Que de esos delitos denunciados ante el MP, esta autoridad consigna únicamente 248 mil 613 ante un juez, lo que equivale al 18 por ciento del total; 3) Que de los 248 mil delitos y fracción consignados ante los jueces, sólo obtienen sentencia condenatoria 190 mil 059, es decir, 76 por ciento; 4) Todos estos datos indican que 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes en México, y 5) Las cifras anteriores convierten a México en uno de los campeones mundiales en impunidad y criminalidad per cápita.
Tuve el privilegio de conocer y tratar personalmente al doctor Gertz Manero. Le tengo gran respeto. Excelente abogado, respetable académico, escritor, legislador en ambas cámaras del Congreso de la Unión y reconocida trayectoria en su cruzada profesional contra la delincuencia organizada. No fue casual que el viernes 18 de enero del año en curso el Senado lo haya elegido como primer Fiscal General de la República para un periodo de nueve años.
Sin embargo, me llama la atención que en aquel diagnóstico de 43 puntos sobre “el profundo grado de corrupción, impunidad, ineficiencia, inseguridad e injusticia que prevalece en el país”, don Alejandro no haya incluido dos factores que desde hace años, y particularmente en este verano de 2019, han puesto en grave entredicho el ejercicio del poder público y el sistema impartidor de justicia en nuestro querido México. Factores ambos doblegados, contaminados gravemente por la ambición y la corrupción políticas que, mezclados con el avance del narcotráfico, la inseguridad, la incertidumbre, la desconfianza y la irritación sociales, hacen una mezcla letal y son una amenaza real para la paz nacional y la gobernabilidad.
Hay casos emblemáticos. Unos, claro está, recaen en el escenario en que anida nuestra traqueteada democracia: el Congreso de la Unión y los excesos anticonstitucionales en Baja California (la ampliación del mandato al gobernador), y la criminalización de la protesta ciudadana en Tabasco.
Otros ocurren directamente en el ámbito de la Fiscalía General de la República. Ejemplos relevantes: la llamada “Estafa Maestra”, en que se involucró a la ex secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, y otros funcionarios menores; la inminente ventilación del caso “Odebrecht” y sus multimillonarios sobornos en varios países de América Latina, México entre ellos, con la presunta participación del ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. En ambos, el hilo de la investigación parece conducir hasta el ex jefe del Estado mexicano: Enrique Peña Nieto.
En el caso de Robles Berlanga, hasta el momento en que se redactaron estas líneas estaban claros los ingredientes políticos que contaminaron el proceso, incluida la sonada detención e inmediata liberación de su examigo Carlos Ahumada, en Buenos Aires. Sí, el argentino que entregó a René Bejarano, entonces diputado federal del PRD, 45 mil dólares en efectivo, acción que ha quedado en una nebulosa. Bejarano fue encarcelado unos meses, y en la percepción popular ese es motivo suficiente para que su esposa Dolores sea enemiga de Rosario.
Estos son los ingredientes: 1) Salió a la luz que el juez de la causa, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, es tío de la hoy diputada federal Dolores Padierna, esposa de Bejarano (fue inútil el intento de eliminar el tufo a “conflicto de interés” que se desprendió de este hallazgo); 2) El impugnado juez ordenó “prisión preventiva” de dos meses para Rosario, cuando el delito de “omisión” en un cargo público, no ameritaba el encarcelamiento; sí lo ameritaba, en caso de probarse, el desvío de 5 mil 073 millones de pesos del erario público, delito que fue la base de la denuncia de la Fiscalía General de la República; 3) De buenas a primeras, el presidente López Obrador saltó a la palestra y declaró que Rosario era “un chivo expiatorio”…
Así, los abogados defensores de este emblemático caso (que en realidad implica un juicio al gobierno de Enrique Peña Nieto), pasaron de la estrategia judicial a la estrategia política.
Para muestra basta un botón: la insólita arremetida de AMLO en contra del Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, y en defensa de su correligionario e inepto gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a propósito del bestial asesinato de por lo menos 30 personas en un antro de Coatzacoalcos. Vergonzosa intromisión presidencial.
Este es el escenario maniobrero del poder (acusaciones sin pruebas, insinuaciones y chismerío de vecindad), en el que intenta hacer su trabajo el abogado Alejandro Gertz Manero. A ver cómo le hace.