La batalla pendiente del Estado mexicano

Lo menos que esperamos es que el gobierno mexicano asuma un papel más activo, que deje atrás las meras acciones administrativas y se concentre en realizar un fino trabajo político que le permita la construcción de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos

Pilar Lozano Mac Donald

Pilar Lozano Mac Donald
Presidenta de la Comisión del Mexicano
Migrante

El 14 de mayo la cadena de Televisión estadounidense CNN publicó algunas fotos de migrantes indocumentados detenidos por la patrulla fronteriza de McAllen, Texas, que muestran las condiciones paupérrimas en que se encuentran concentrados: en instalaciones saturadas, bajo tiendas de campaña, con evidentes carencias y durmiendo en el suelo con cobijas de papel reflejante.
Esas imágenes son el vivo ejemplo del trato que de manera cotidiana reciben los migrantes que ingresan a Estados Unidos: maltrato, violación a sus derechos humanos y desdén a la dignidad humana.

El nivel de “protección” de las autoridades migratorias de nuestro vecino del norte deja mucho que desear, pese a las críticas por el trato que da a los migrantes, por formar parte de una política migratoria que criminaliza, acosa y somete, rayando en lo inhumano.

Lo cierto es que ni las agresivas políticas migratorias, las amenazas de prisión o la promesa de construcción de un muro fronterizo han detenido los flujos migratorios que, desde la frontera sur de nuestro país y de los propios connacionales, se dirigen a Estados Unidos en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Tan sólo en abril del presente año, la Patrulla Fronteriza arrestó a casi 99 mil migrantes por su ingreso sin documentos a territorio estadounidense. Entre este universo de personas es notorio el incremento de familias y menores de edad que cruzan la frontera.

En este proceso es claro también que el flujo constante de migrantes dificulta a las autoridades migratorias de Estados Unidos transferirlos para tener espacio para quienes llegan. Parece que el gigante del norte se encuentra rebasado frente a una realidad que se empeña en mostrarle que el camino no es el acoso al migrante, no sólo por la incapacidad del gobierno de Donald Trump de obtener los recursos suficientes para construir su muro sino también por las dificultades internas para lograr una reforma migratoria en los términos que desea.

Por ello, no sorprende que en la propuesta de reforma migratoria que Trump se contemple un amplio plan para reforzar la seguridad fronteriza que habrá de enfrentar duros obstáculos para ser aprobada.

Entre otros aspectos, la reforma migratoria de Donald Trump plantea, además de asegurar la frontera sur de su país: establecer un nuevo sistema de inmigración legal, basado en el mérito, que priorizará a los trabajadores altamente calificados y, afirma, no está dirigida a jóvenes inmigrantes indocumentados.

En el fondo su propuesta tiene como principal propósito detener la inmigración “ilegal”, protegiendo la frontera. Con la sustitución de la Green Card por la Visa Build América pretende realizar una “selección” de migrantes basada en puntos, en el aprendizaje del inglés, la aprobación de un examen de educación cívica y un mejor empleo.

Ante este panorama, lo menos que esperamos es que el gobierno mexicano asuma un papel más activo; que deje atrás las meras acciones administrativas y se concentre en realizar un fino trabajo político que le permita la construcción de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, de atención integral a la comunidad mexicana migrante, colocando en primer plano su dignidad y la exploración de áreas de oportunidad en la agenda bilateral.

La aportación de más de 32 mil millones de dólares el año pasado a la economía del país por concepto de remesas convierte a la aportación de nuestros migrantes en la principal fuente de divisas, lo cual los pone en una posición proritaria para cualquier negociación.

Es deseable que las autoridades se despojen del estatus de sometimiento y de injustificada pequeñez, ante el gobierno de Estados Unidos, para asumir una defensa frontal del otro México que vive cruzando la frontera norte, que trabajó para sostener la economía de México sin otro compromiso que mejorar a su familia, sus comunidades y, en consecuencia, a la nación entera.

En caso de que el gobierno de México no asuma esa firme posición de defensa, estará contribuyendo a la consolidación de una crisis humanitaria que no sólo afectará a los migrantes que vienen del sur de la frontera de México, sino de manera importante a la comunidad mexicana migrante, que permanecerá inerme frente a las decisiones unilaterales del gobierno estadounidense de perseguirla y criminalizarla, sin importar su nacionalidad.

Lo que de verdad muestran las fotografías publicadas por CNN es un escenario de abandono de parte del gobierno federal, que deja a su suerte a miles de nacionales que cruzan la frontera para encontrar las oportunidades que aquí se les han negado.

Las fotografías exhiben la complacencia de un gobierno que se conforma con mirar cómo detienen a sus connacionales por el sólo hecho de aspirar a un mejor nivel de vida, socavando su dignidad y violentando sus derechos.

Las imágenes ameritan un profundo análisis sobre la deuda histórica que el país tiene con una comunidad que trabaja honradamente, que dejó atrás a su familia y sus comunidades y que ahora demanda mayor atención ante los embates de un país que le otorga oportunidades, pero le exige un precio muy alto.