Es un mecanismo que contribuye a generar inversión social por parte de las organizaciones de migrantes, creando obras sociales y servicios que mejoran la calidad de vida de las comunidades, lo que lo convierte en un modelo internacional de política pública
Pilar Lozano Mac Donald
Secretaria General de Acuerdos de Movimiento
Ciudadano.
Presidenta de la Comisión del Mexicano
Migrante
La comunidad mexicana migrante, particularmente las que vive en los Estados Unidos, mantiene un permanente interés por los asuntos del país, lo que les permite realizar un constante activismo en favor de sus derechos.
Ese activismo no sólo les permite ya ejercer el derecho al voto a distancia, sino que su condición de ser pilares de la economía del país, con una aportación de poco más de 28 mil millones de dólares en remesas enviadas a México en 2017, les coloca en condición de demandar una mayor atención de los gobiernos.
Es tanto su amor por México que con su solidaridad impulsan obras y proyectos de beneficio colectivo en sus comunidades. Así surge el Programa 3×1: por iniciativa de ellos, para apoyar las propuestas de los migrantes organizados con el propósito de realizar proyectos que generen desarrollo en sus comunidades de origen, con la aportación de recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal, más los recursos de organizaciones de migrantes en el extranjero.
El Programa 3X1 se convirtió en un instrumento que fortaleció los lazos de identidad entre los mexicanos en ambos lados de la frontera norte, pues tiene como principal característica crear un invaluable capital social generador de progreso e inclusión en las comunidades de origen de los migrantes.
Es un mecanismo que contribuye a generar inversión social por parte de las organizaciones de migrantes, creando obras sociales y servicios que mejoran la calidad de vida de las comunidades, lo que lo convierte en un modelo internacional de política pública.
Lamentablemente, como ocurre en distintos niveles de gobierno, la opacidad y la falta de una cultura de rendición de cuentas ha despojado de su espíritu original al Programa 3×1: generar obras y servicios con una parte de los recursos de migrantes en coordinación con autoridades y comunidades, en una sana interacción.
Este programa sufrió uno de los recortes más significativos durante el actual gobierno federal, ya que en 2017 tuvo un presupuesto de 475.8 millones de pesos, mientras que en 2016 se ejercieron 635.8 millones de pesos, es decir, tuvo un recorte del 33.6 por ciento.
En la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó los resultados de la evaluación del Programa 3×1, donde “se identificó que hay algunos municipios donde el P3x1 no gira en torno a los proyectos propuestos por el migrante, sino a la agenda de desarrollo del gobierno municipal o en la de líderes locales que buscan a posteriori el aval de los migrantes”.
Por su parte, el Despacho Ahumada Lobo y Asociados de Estudios Económicos y Políticas Públicas realizó una Evaluación Complementaria de los Resultados del Programa 3×1, y aunque fue realizada en 2014, refleja las principales quejas de los migrantes respecto a dicho Programa: existe un criterio subjetivo en la elección de la empresa que realizará las obras; además, respecto de las Reglas de Operación, los migrantes creen que la complejidad de los trámites descritos en ellas es utilizada como excusa para malos manejos, como seleccionar proyectos que convengan a las delegaciones de la SEDESOL y/o al presidente municipal.
Los migrantes piensan que el P3x1, en sentido estricto, es “de ellos” en virtud del valor de sus aportaciones económicas, y por tanto, demandan el respeto de su derecho a proponer obras que no se consideran de infraestructura de servicios básicos, pero que son anheladas por la comunidad.
Actualmente, el Programa no tiene las condiciones para cumplir con su objetivo esencial: promover el desarrollo comunitario mediante la intervención de los migrantes en sus comunidades de origen, como consecuencia de que, en la mayor parte de las instancias, se ha desplazado al migrante del centro del Programa para atender en su lugar los intereses o agendas de los gobiernos municipales o de otras instituciones u actores.
El valor agregado del Programa 3×1 fue unir a los migrantes con las comunidades y entre ellos mismos, con el propósito superior de apoyar al desarrollo de sus comunidades con obras y servicios.
En Movimiento Ciudadano consideramos urgente atender esta situación, caracterizada por un importante número de irregularidades, a fin de regresar al Programa 3×1 el sentido original que le dio nacimiento: que vuelva a ser iniciativa de los migrantes la decisión de las obras, programas y servicios a los que se deban destinar los recursos.
Todo esto se genera por la revisión detallada de la normatividad, que ha complicado el activismo solidario de los migrantes con una engorrosa carga de trámites burocráticos que dotan de discrecionalidad a la autoridad sobre la determinación de los proyectos a financiar, dejando de lado las necesidades y la iniciativa de la comunidad migrante.
Por todo lo anterior, propusimos en la Cámara de Diputados exhorto al Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para que realice una minuciosa revisión del contenido de las Reglas de Operación que rigen al Programa 3X1 para migrantes, a fin de simplificarlas para que recuperen su sentido original y permitan que sean los migrantes quienes, de manera conjunta con sus comunidades, decidan el destino de los recursos, y en consecuencia, se pueda terminar con la opacidad e irregularidades en el ejercicio del presupuesto del programa.