Quienes votaron por el candidato presidencial triunfador escucharon durante meses los qué y los por qué, pero el explicable ánimo revanchista, ávido de desquite en las urnas, no dispuso de tiempo razonable para reflexionar en los cómo.
El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la Presidencia de la República, era hasta el momento en que se redactó este reporte para las páginas de El Ciudadano, a la par de su partido, el triunfador virtual de los comicios federales y estatales efectuados el pasado domingo 1° de julio.
Más allá de la necesaria reconciliación después de las campañas que culminaron en las elecciones federales y estatales del pasado 1° de julio, el gobierno, las organizaciones sociales y políticas de México deberán esforzarse por imbuir en la ciudadanía la formación plena de una conciencia que propicie la nacional.
No será fácil porque los agravios del poder público a la sociedad mexicana son mayúsculos, acrecentados por actitudes maniqueas empeñadas en atribuir la realidad del país a la confrontación de los buenos contra los malos.
Quienes votaron por el candidato presidencial triunfador escucharon durante meses los qué y los por qué, pero el explicable ánimo revanchista, ávido de desquite en las urnas, no dispuso de tiempo razonable para reflexionar en los cómo. Hay que abrir espacio a las respuestas y a las propuestas, y propiciar los debates públicos necesarios a partir de ahora y durante los cinco meses que faltan para que inicie el nuevo gobierno.
De los qué y los porqué, hay que pasar a los cómo. La esperanza ciudadana vertida en las urnas es la expresión de los anhelos con que despiertan todas las mañanas millones de compatriotas. Imposible medirlas por sexenios.
Hace años que la sociedad mexicana y la democracia hacen frente a diversos problemas (algunos agravados durante el gobierno que concluirá dentro de cinco meses): inseguridad, corrupción e impunidad, pobreza y desigualdad, economía vulnerable y rezago social. Este escenario ha sido confirmado por el INEGI, por conducto de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
Corrupción e impunidad
Después de casi seis años de gobierno, fue inevitable que el jefe del Poder Ejecutivo atrajera sobre sí los reflectores en un escenario de frustración, desconfianza, enojo, incredulidad e incertidumbre ante el futuro. Los escándalos de corrupción e impunidad encontraron en la disidencia, la oposición y los antisistémicos, apuntan algunos especialistas, tema más que suficiente para señalar a un responsable: el Presidente de la República.
La transición inconclusa o frustrada en el 2000 con la llegada de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, dejó vivos los rescoldos del viejo PRI. Y justo cuando el llamado “Partido de la Revolución” reconquistó el poder en 2012, se festinó el falso advenimiento de un “nuevo PRI”. Falso porque brotaron como pus infecta los abusos de gobernadores adictos a las arcas públicas: del total de 32 mandatarios estatales, 22 están siendo investigados por desvíos que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ascienden a cerca de 250 mil millones de pesos.
La corrupción se hizo sistémica y de régimen, no fue simple anomalía, porque (escribió alguna vez Gabriel Zaid) “el sistema nacional anticorrupción como exigencia y propuesta social ha sido distorsionado, si no es que… corrompido”.
Confirma esta percepción la complicidad de las autoridades con los delincuentes y, en general, la rapiña sobre los recursos públicos.
La organización World Justice Project (WJP) elaboró, como lo hace cada año, el “Índice de Estado de Derecho 2017–2018”, con base en datos obtenidos en 113 países, más de 110 mil encuestas en hogares y 3 mil encuestas entre expertos.
Con datos al 31 de enero de 2018, el documento de WJP señaló a México entre los peores países del mundo en cuanto al nivel de corrupción e impartición de justicia. Lo ubicó en el lugar 92 de 113 gobiernos evaluados: cayó cuatro posiciones respecto al Índice de 2016. Lo anterior ubica a México, inclusive, en las posiciones más bajas dentro de América Latina, sólo por arriba de naciones como Guatemala (96), Nicaragua (99), Bolivia (106) y Venezuela (113), que ocupa el último lugar.
¿Cuánto le cuesta la corrupción a México? Con recurrencia, comunicadores y políticos (incluso el propio Andrés Manuel López Obrador) han dicho que equivale al nueve por ciento del Producto Interno Bruto, y citando como fuente al Banco Mundial, no obstante que en varias ocasiones este organismo ha aclarado que no tiene ningún estudio sobre el particular.
En cambio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) calcula que el costo de la corrupción por trámites diversos es de siete mil 217 millones de pesos, equivalente al 0.4 por ciento del PIB. Hay especialistas que mencionan que la corrupción podría costar cinco por ciento del PIB, incluso se habla de 900 mil millones de pesos y hay cálculos del Fondo Monetario Internacional que estiman un costo del dos por ciento.
La irritación social por la corrupción e impunidad se topó inclusive con un absurdo descomunal: el sistema político acusado de corrupción pretendió designar a su propio tribunal anticorrupción. Y no sólo eso: la reforma constitucional para retirar el fuero a los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, fue frenada por el PRI en el Senado, no obstante que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados.
Sobre el tema, el diario Reforma, entre otros medios, difundió el pasado sábado 7 de julio, en primera plana, esta noticia: “Rechaza AMLO #FiscalíaQueSirva. Ni un paso atrás. Contrario a las exigencias de organismos civiles, Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer su rechazo a promover una reforma constitucional que garantice una Fiscalía autónoma”.
El virtual presidente electo propone que el Senado elija y vote por alguno de los ciudadanos que él, como Presidente de la República, presentará en una terna.
Inseguridad
No hay paliativos para la incalificable secuela de crímenes ocurridos durante la etapa del proceso electoral transcurrida de septiembre de 2017 a fines de junio de 2018, durante la cual (al momento de escribir estas líneas) han sido asesinados 140 políticos y 47 candidatos a diversos cargos de elección: 28 competían por una alcaldía, nueve eran candidatos a diputados locales, siete buscaban ser regidores, dos se proponían ser diputados federales y uno se postuló para ser concejal.
Candidatos independientes y 10 partidos políticos (incluido uno local) aportaron su cuota de sangre. Al menos mil candidatos ya nombrados renunciaron a su postulación por temor a ser asesinados.
También sucedió con los medios de comunicación. Según la organización civil Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, de enero a mayo de 2018, tres periodistas fueron asesinados. Y de los últimos tres sexenios, el de Enrique Peña Nieto se lleva las palmas con 42 comunicadores victimados.
Incapaces de enfrentar con éxito esta ola criminal y de castigar a los autores, las autoridades sembraron entre los ciudadanos una peligrosa mezcla de indignación, frustración, miedo, incredulidad y creciente desconfianza hacia sus gobiernos.
El deterioro de la seguridad en el país es generalizado y representa uno de los mayores desafíos para el gobierno que inicia el 1° de diciembre próximo. En total, 26 estados vieron incrementado el número de homicidios el año pasado. Las entidades con mayores porcentajes fueron Nayarit (554%), Baja California Sur (192%), Aguascalientes (119%), Quintana Roo (118%) y Baja California (77%).
De acuerdo con la organización civil Semáforo Delictivo, en 2017 aumentaron 55 por ciento las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado (se reportaron 18 mil 989). Se confirmó que 2017 “fue el peor año en materia de inseguridad en la historia reciente de México”.
Desempleo
En febrero último, la revista Nexos, que dirige Héctor Aguilar Camín, publicó un trabajo de los académicos e investigadores Benjamín Temkin Yedwab y Jorge Cruz Ibarra, ambos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), titulado ¿Es este realmente el “Sexenio del empleo”?
Después de consignar que en el curso de los últimos meses el gobierno de Peña Nieto se embarcó en una campaña para vanagloriarse de haber generado más empleos formales que todas las administraciones anteriores, incluso empezó a llamársele el «Sexenio del empleo». La propaganda presumió la creación de más de tres millones de empleos formales en los últimos cinco años.
Pero concluyen los autores: “[…]La precariedad del empleo en México continúa caracterizando el mercado laboral, e incluso se observa que esa precariedad se ha agudizado en el sexenio actual”.
Pobreza y rezago social
En los últimos ocho años, 3.9 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza debido a que de los 49.5 millones de pobres que había en 2008, la cifra aumentó a 53.4 millones en el año 2016, según informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Al presentar el “Informe de evaluación sobre 2018”, el organismo autónomo pidió una revisión “crítica” de 6 mil 491 programas sociales y presentó 91 recomendaciones para mejorar la política social, entre las que destacó la necesaria coordinación entre dependencias, a fin de tener un gasto más eficiente “que examine críticamente los 6 mil 491 programas sociales federales, estatales y municipales”.
En cuanto a la evolución de la pobreza, indicó que en 2008 había 49.5 millones de personas en esa condición. Dos años después la cifra subió a 52.8 millones; en 2012 fue de 53.3 millones y en 2014 alcanzó su máximo con 55.3 millones de personas. Para 2016 la pobreza bajó y sumó a 53.4 millones de mexicanos.
Energía alternativa
El programa de instalación de centrales eléctricas 2015-2029 de la Secretaría de Energía (Sener) prevé la construcción de tres centrales nucleares al oriente de Veracruz hacia 2026, 2027 y 2028, respectivamente. Además, en el presupuesto de egresos 2018, la empresa productiva del Estado detalló que invertirá 214 millones de pesos (mdp) en un estudio que persigue implementar más centrales nucleares en dicha entidad.
Aunque México genera casi cuatro por ciento de la electricidad nacional con una sola planta de energía nuclear, el gobierno actual hizo a un lado esta fuente energética ante el costo político y los retos financieros asociados.
Actualmente, la central nucleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz opera con dos reactores nucleares elaborados por la empresa General Electric.
“Hay espacio para dos reactores más, pero no tenemos en este momento ningún proyecto para poder construirlos en el corto plazo”, comentó en entrevista con Forbes México el director general de la CFE, Jaime Hernández.
Sobre el particular, el presidente electo ha insistido en que México aumentará su producción de petróleo y que modernizará la refinería de Tula, Hidalgo.
Fuerzas armadas
De diciembre de 2006, cuando inició la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen, a fines de 2017 han muerto 718 militares en el combate al crimen organizado, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el año 2010 se dio el repunte de decesos de soldados, luego de que Felipe Calderón implementara la guerra contra el narcotráfico como estrategia de seguridad. En ese año murieron 89 militares: un mando, 19 oficiales y 69 miembros de tropa.
López Obrador ha dicho que prescindirá del Estado Mayor Presidencial, cuerpo de élite responsable de la seguridad del Presidente de la República, conformado no solamente por militares, sino también por marinos y policías federales, muchos de los cuales han recibido preparación de alto nivel en instituciones del extranjero.
Tlatlaya, Ayotzinapa
Permanecen en las sombras:
1.- La muerte de 22 civiles, presuntos delincuentes, ejecutados por militares la madrugada del 30 de junio de 2014 en una bodega situada en las afueras de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. De los siete elementos militares acusados por las ejecuciones extrajudiciales, sólo uno fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia.
2.- La desaparición forzada en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la que la policía municipal y estatal de Iguala (220 km al sur de la Ciudad de México) persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (257 km al sureste de Iguala). En dicho enfrentamiento habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos nueve personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos.
Economía en riesgo
El deterioro de la seguridad pública fue uno de los riesgos a la baja que identificaron empresarios encuestados para el “Reporte sobre las Economías Regionales de julio-septiembre de 2017”, presentado por el Banco de México el pasado 15 de diciembre. Hubo quienes opinaron que buena parte de los grandes proyectos, como el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la reforma energética, abrieron de par en par las puertas a gigantes privados.
Un riesgo adicional señalado por Banxico, no menos importante, es que se prolongue la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá o, en el peor de los casos, el colapso del acuerdo.
Aunque el Banco Mundial prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país se eleve a 2.6 por ciento en 2019, la propia institución recortó su pronóstico de crecimiento económico de México de 2.2 a 2.1 por ciento para este 2018. La elevada volatilidad cambiaria y la concentración del gasto público en infraestructura también forman parte de la lista de los riesgos para la actividad económica, sobre todo por empresarios de la región norte y centro del país.
Promesas y compromisos
En el ejercicio del poder presidencial, Andrés Manuel López Obrador se propone cumplir con el programa de acción del Movimiento de Regeneración Nacional: “Cambiar el régimen de corrupción, antidemocracia, injusticia e ilegalidad que ha llevado a México a la decadencia actual que se expresa en crisis económica, política, en pérdida de valores, en descomposición social y violencia”. Sostiene asimismo que “la oligarquía mexicana junto con las cúpulas del PRI y el PAN han llevado a esta decadencia y antidemocracia, y han impuesto por la vía de los hechos a través de elecciones fraudulentas, en su momento a Carlos Salinas de Gortari y recientemente a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto”.