SEGURIDAD: ESTADO FALLIDO

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“2017: El peor año de la historia reciente en materia de seguridad”

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Creado en 2009 por el despacho RRS y Asociados S.C., que dirige el abogado y especialista regiomontano Santiago Roel Rodríguez*, Semáforo Delictivo es un proyecto no gubernamental que desde abril de 2014, con patrocinio de empresarios, publica una evaluación mensual del desempeño de todos los estados de la República en materia de seguridad. Resume esos informes trimestralmente.

Es asimismo una herramienta de rendición de cuentas, evaluación y análisis que ayuda a una mayor comprensión del comportamiento de la delincuencia y la violencia en México. Está dirigida a ciudadanos, observatorios, consejos, periodistas, analistas y autoridades; se sustenta de las denuncias ciudadanas que se presentan ante cada Procuraduría General de Justicia en los estados y se envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Santiago Roel estuvo recientemente en la Ciudad de México y ofreció una conferencia de prensa para evaluar el tercer trimestre del año en curso. Además, invitado por Movimiento Ciudadano, tuvo un encuentro con los integrantes de la Comisión Nacional Editorial, al que también asistió nuestro coordinador nacional, el Lic. Dante Delgado.

Apoyado en datos y estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad, que se enriquecen con encuestas en línea e informes de algunas empresas de consultoría, Roel ratificó en esta reunión que 2017 fue el peor año de la historia reciente del país en materia de violencia.

Precisó que, al mes de septiembre del año pasado estaban registradas 13 mil 513 ejecuciones del crimen organizado, lo que significa un incremento del 53 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2016. Asimismo, se reportan 18 mil 505 homicidios, lo que representa un incremento del 23 por ciento.

Ante este escenario, Santiago Roel previó que el 2017 cerraría con más de 24 mil homicidios y 18 mil ejecuciones, “por mucho, el peor año de la historia reciente en materia de seguridad”.

Las diapositivas reveladoras desfilaron ante la Comisión Nacional Editorial, reunida en el Salón Zapata de su sede en la colonia Nápoles. Con doble-rojo en el apartado de homicidios aparecen: Colima, Guerrero, las dos Baja Californias y Chihuahua; pero este delito se ha disparado en 27 de los 32 estados del país. Sobresalen por sus incrementos: Nayarit, con 346 por ciento; Baja California Sur, con 153 por ciento; Aguascalientes, con 121 por ciento; Quintana Roo, con 101 por ciento, y Baja California, con 72 por ciento.

Las malas noticias no paran ahí. Los demás delitos que monitorea el Semáforo Delictivo están en rojo: la extorsión y el robo de auto han aumentado 16 por ciento en el año; las lesiones dolosas, 14 por ciento; el secuestro, 9 por ciento, y el robo a casa, 3 por ciento.

La estrategia, “gran fracaso”

“Lo grave no son tanto los números -refirió el director de Semáforo Delictivo-, me preocupa mucho más que México se encuentra inmóvil ante el gran fracaso de la estrategia de seguridad. El presidente ya no tiene iniciativa al respecto, aunque en realidad nunca la tuvo, sólo continuó con el Plan Mérida, la misma guerra que había iniciado su antecesor”.

¿Cuál es el interés de la DEA en todo esto?, pregunta Roel, y se responde:

“Culpar a México por el gran fracaso de su propia política antidrogas. Atrapar a algún capo para acallar temporalmente a los críticos, utilizarnos de piñata. Todo para no aceptar que la gran corrupción es de ellos al imponer una política antidrogas y una guerra que saben que no funciona. Ellos mismos no aplican un Plan Mérida en su territorio porque se incrementaría la violencia y la corrupción. Protegen a sus grandes mafias de drogas legales e ilegales”.

Regulación, la clave

Santiago Roel asegura que la regulación de drogas en México es la única alternativa para lograr que disminuya la violencia extrema.

La prohibición de drogas, afirma, no resuelve nada y lo complica todo: crea una economía informal con promoción libre de estupefacientes en manos de las mafias. El resultado es violencia, corrupción y más consumo. El pequeño maleante se convierte en capo. Lo único que puede reducir radicalmente este grave problema es la regulación de las drogas, que el Estado asuma el control para quitarle el negocio al hampa y reducir los daños sociales.

“Se necesitan estrategias de paz y no de guerra, y una de ellas es empezar con la regulación de algunas drogas. Esto es lo único que podría quitarle poder económico al crimen organizado”, destacó Roel.

El Plan Mérida

Sobre la estrategia puesta en marcha actualmente, abundó: “Es tiempo de que México regule la mariguana recreativa y la amapola médica como un primer paso. Los mercados se combaten con economía, no con policías. El Plan Mérida nos metió en la estrategia equivocada desde el 2008. Es un plan absurdo que Estados Unidos no aplica en su propio territorio porque sabe que no baja consumos ni oferta de drogas; por el contrario, crea un mercado violento y corruptor de plata o plomo. No olvidemos que el narcomenudeo es mucho más violento que el mercado de exportación”.

“Es patético -añadió Roel- ver al Ejército Mexicano destruir plantíos de amapola, que son el único medio de subsistencia de campesinos pobres. El Estado no tiene para ellos otras opciones de desarrollo”.

Según el director de Semáforo Delictivo, la participación de los empresarios es fundamental. Es necesario que las cámaras empresariales de todo el país revisen mes a mes el Semáforo Nacional, sus respectivos Semáforos Estatales y comenten sobre ello; eso ejerce presión sobre la autoridad y provoca cambios positivos. Deben ser reuniones públicas, ante los medios de comunicación. Es importante que los empresarios entiendan los beneficios de la regulación de drogas como estrategia de paz y presionen al gobierno federal y a los legisladores en este sentido. “Desafortunadamente, vemos muy callados a los empresarios”, comentó.

El Estado ha eludido su responsabilidad para dejar la tarea a algunas ONG. Tarea que no es fácil porque hay muchos prejuicios y desinformación de por medio. “Nada va a cambiar si no cambian las estrategias. No entienden que el mercado de drogas es la principal causa de corrupción y violencia. No entienden que sus hijos estarían mucho más protegidos con la regulación”, dice Roel.

Si no se le quita el dinero a las mafias, insiste, seguiremos siendo un Estado fallido. “Ninguna droga debe estar en manos de las mafias; debemos empezar por regular la mariguana recreativa y el cultivo de la amapola con fines médicos; hay signos muy peligrosos de consumo de metanfetaminas; gran parte del robo a casas y comercios se debe a la necesidad de robar para consumir”.

El especialista regiomontano enfatizó que es fundamental la participación ciudadana en el tema. Nada va a cambiar si no lo cambian los ciudadanos.

reflex01Para ello sugiere participar en comités, consejos u observatorios ciudadanos y sumarse al Facebook de Semáforo Delictivo, que cuenta con más de 294 mil seguidores, así como descargar las aplicaciones para celular: Semáforo Delictivo y Semáforo de Gobierno, para monitorear y participar como ciudadanos en el proceso de paz. Ambas son gratuitas y anónimas, y publican mes a mes los semáforos delictivos del país, de los estados y de los municipios.

“Todo va a funcionar una vez que regulemos las drogas y nada nos va a funcionar si no lo hacemos primero. Me encantaría que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera -como titular de la CONAGO-, y el resto de los gobernadores del país encabezaran un movimiento a favor de la regulación como estrategia de reducción de daños y de paz para México, en lugar de minimizar el problema o pedir apoyo militar. No es posible que como mexicanos no lo entendamos después de 10 años de crisis”, aseveró.

Según el director de Semáforo Delictivo, antes de 2008 había unos cuantos cárteles de la droga, con focos de violencia muy concentrados en algunas ciudades fronterizas. Hoy no se sabe cuántas agrupaciones criminales operan en México y la violencia se ha extendido a todo el país. Además, la oferta de drogas se incrementa y se vende por todos lados.

Corrupción ordinaria y de alto impacto

“Muchos señalan que el problema de la inseguridad se debe a la corrupción que impera en el país y esto es correcto, pero no debemos confundir la corrupción ordinaria con la corrupción de alto impacto que implica el colapso total de la autoridad y la proliferación de mafias que se nutren del narcomenudeo y luego se extienden a otros delitos y otros mercados. Esta es la corrupción del ‘plata o plomo’, y es sumamente peligrosa”, advirtió Santiago Roel.

“Es tiempo de que las autoridades mexicanas reconozcan esta estrategia como fallida. Hemos caído en una gran trampa letal. La única salida a esta violencia es la regulación de las drogas como estrategia de reducción de daños y de paz. Necesitamos quitarle este negocio a las mafias y a los narcopolíticos. La paz se construye con estrategias de paz, no de guerra”, concluyó el director de Semáforo Delictivo.

El mandato de la Constitución

Reformado y vigente desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución General de la República no deja lugar a dudas:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Además, el inciso a) del décimo párrafo señala:

“La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones”.

El mandato constitucional es inequívoco. La seguridad pública es una obligación inexcusable para quienes gobiernan a México: del Presidente de la República al más modesto alcalde. Además, la seguridad es un derecho humano y, como tal, concede a todos los ciudadanos la facultad de exigir al gobierno que garantice paz y tranquilidad a la sociedad.

Pero el gobierno no cumple. Es otra la amarga realidad que sufre la mayor parte de la ciudadanía.

 

 

 

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