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Los ciudadanos dan el ejemplo

 La tragedia que ha vivido la sociedad mexicana durante semanas, flagelada por inundaciones y terremotos, exhibió la incapacidad y falta de previsión del gobierno para hacer frente a tan graves contingencias de la naturaleza; sobre todo puso en evidencia, una vez más, que el sistema político imperante es disfuncional para el país.

Pero no hay mal que por bien no venga: estos sucesos trágicos probaron la extraordinaria capacidad de respuesta de los ciudadanos ante la adversidad, incluso de organizarse para rebasar con eficacia a gobiernos incompetentes.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que esa energía social debe ser alentada y apoyada con políticas públicas que permitan una creciente participación ciudadana en diferentes sectores y regiones del país. Siempre hemos sostenido que esa fuerza es vital para que México camine más aprisa.

El ciudadano es el eje rector que debe estar en el centro de la toma de decisiones.

Una sociedad tan participativa, como lo demostró con creces en 1985 y en este aciago verano de 2017, es el mejor aval de las causas y los propósitos que motivaron la reciente unión de tres organizaciones políticas en un proyecto de nuevo y largo aliento: el Frente Ciudadano por México.

Por encima de colores e ideologías, sin egoísmos ni visiones personales, y con el mayor interés por el avance en beneficio de todos los mexicanos, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, emprendimos el pasado 5 de septiembre una tarea que confiamos concluya el 31 de diciembre de 2024: la construcción de un nuevo régimen.

Este plazo no es un acto de voluntarismo. Implica la consolidación del nuevo régimen con un segundo gobierno que iniciará en 2024.

Las causas y los propósitos del Frente se sintetizan en cinco grandes rubros: 1) acabar con la corrupción; 2) terminar con la impunidad y vivir en un genuino Estado de Derecho; 3) combatir con decisión y eficacia la pobreza y la desigualdad; 4) hacer que desaparezca la violencia que hoy lastima a millones de familias en México, que merecen vivir seguras y en paz; 5) una economía vigorosa, que garantice empleos seguros y salarios dignos.

El cambio se dará con la formación de buenos gobiernos, con ciudadanos que tengan derecho al presupuesto participativo y a ratificar o revocar el mandato; que vean que todos los servidores públicos sean iguales que ellos ante la ley; que se haga una realidad la eliminación de fueros; que sean sencillos los mecanismos para denunciar a malos servidores; que participen en la asignación de programas sociales; que sean las propias comunidades las que determinen quiénes son las personas vulnerables que requieren del apoyo institucional.

Queremos mayor participación del Congreso de la Unión en los nombramientos de los principales funcionarios públicos, cuyos perfiles estén vinculados a la función pública que se les confiere. Es hora de acabar con la incompetencia que generan el cuatismo y el compadrazgo en el gobierno. Sólo por la vía ciudadana se crearán condiciones de mayor confianza en la autoridad y mejores respuestas del gobierno.
La ley establece: “Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes”.

Con este fundamento, los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentamos al Instituto Nacional Electoral el convenio de constitución del Frente Ciudadano por México, con lo que se ha cubierto la primera etapa de la ruta, de tres que se han trazado:

  1. Tiene solidez, porque lo aprobaron los órganos de dirección de las organizaciones políticas integrantes, conforme a sus propios estatutos;
  2. Fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral para cumplir así con las formalidades que dicta la ley, y
  3. La declaratoria correspondiente será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La segunda etapa está encaminada a la consolidación de un proyecto de país que sirva de base para la elaboración de la plataforma electoral y el programa de gobierno, que habrá de dar soporte a los propósitos de nuestros lineamientos políticos de acción, con la participación de la sociedad.

No debemos ni podemos engañar a la sociedad. Estamos obligados a ser congruentes, a ofrecerle ejercicios de racionalidad. Nos parece que lejos del ruido mediático, hay que escuchar la opinión de académicos, investigadores, jóvenes, comunicadores, intelectuales y sectores del aparato productivo de la sociedad para que surja una opinión colegiada y sólida. Por esta razón celebraremos encuentros con organizaciones de la sociedad civil, reuniones y foros en todas las regiones de México.

La tercera etapa será la coalición de carácter electoral, que nos permita ganar la elección y desembocar en un gobierno coaligado también para lograr la transformación profunda que estamos planteando para nuestro país.

Por eso los siguientes pasos del Frente Ciudadano por México estarán dirigidos a darle fuerza en las urnas mediante una coalición que, con una duración limitada, permita ganar la presidencia de la República y la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión. Así se podrán impulsar las causas y los propósitos del Frente desde el poder público.

El proceso de registro legal se hará a más tardar el 13 de diciembre de 2017 y concluirá el 6 de septiembre de 2018, día en que se califica y entrega la constancia de mayoría al presidente electo, lo que significa que la coalición dura como máximo siete meses.

El financiamiento a los partidos

Los fenómenos naturales de este verano causaron la pérdida de vidas humanas y de bienes patrimoniales a cientos de miles de familias mexicanas; sus consecuencias, además, han repercutido en la mayor parte de la sociedad nacional.

El dolor, la angustia y la desesperación de millones de compatriotas por la actual situación de emergencia, han reforzado la percepción ciudadana de que los partidos son numerosos; ofende y lastima que se les canalicen fondos públicos, sobre todo cuando su utilización está entrampada en un proceso de perversión y corrupción que se ha generado desde el poder, dañando todo el sistema electoral y en general a la vida pública del país.

Es absolutamente legítima la demanda de la sociedad de acabar con esta práctica.
Nuestro planteamiento al respecto propone que esos recursos ya no se entreguen a los partidos, sino que sean administrados por un instituto electoral compacto, competente y confiable, como sucede en cualquier país democrático del mundo. Así los partidos, y la propia institución electoral, podrían cumplir con su gran responsabilidad: promover la cultura cívica y fortalecer la vida democrática del país, más allá de la mera democracia electoral.

La acción del Instituto Nacional Electoral es hoy incompleta e insuficiente. Debería apoyar directamente la capacitación, la formación de cuadros en talleres, seminarios nacionales e internacionales, y los partidos tendrían entonces acceso a ese apoyo, como sucede en todos los países desarrollados.

No debemos seguir sosteniendo al sistema electoral más costoso del mundo, que es además disfuncional e ineficaz. Por eso tenemos una democracia pobre, en lugar de una democracia vigorosa.

Queremos que la democracia sea calidad de vida. Que se refleje en presupuestos participativos, que sea educativa, cultural y social.

Durante décadas el partido en el poder promovió y aprobó leyes electorales a modo. Un ejemplo es el actual sistema de debates, que ha resultado inservible. Los debates se limitan a una guerra de descalificaciones en lugar de permitir al ciudadano enterarse de las posiciones de cada organización electoral en torno a los problemas del país, y al mismo tiempo conocer a los candidatos y sus propuestas. Esto no debe seguir así.

El enfoque debe ser integral. Ese es el sentido en el que Movimiento Ciudadano entiende el artículo 41 constitucional.

El tema del financiamiento a los partidos debe ser resuelto eficaz y oportunamente en dos aspectos centrales: 1) con la urgencia que demanda el problema debe haber una solución de fondo, que implica que no haya financiamiento privado, y 2) que no exista financiamiento público abusivo, ni para los partidos ni para el órgano electoral.

Mafias al acecho

Sobre el primer aspecto, es pertinente advertir que las grandes mafias de la corrupción y el narcotráfico están al acecho, en espera de que se les abran todavía más las puertas del mercado político, a fin de lavar en él miles de millones de dólares de dinero mal habido. Y cuando usamos la expresión “todavía más”, nos referimos a lo que hoy es un secreto a voces: la existencia de cuantiosas fortunas inexplicables en muchos rincones del poder público. El silencio cómplice las mantiene en la impunidad.

Se debe generar un sistema electoral sin burocracias inútiles, confiable, eficaz, que esté al nivel de las democracias avanzadas. Es importante que en un mundo global se tomen parámetros de orden, tanto en los partidos políticos como en las instituciones electorales de otros países. Estamos ante una gran oportunidad.

La sociedad tiene derecho a que esos recursos excesivos y abusivos se le devuelvan. Nosotros planteamos que se entreguen a un fondo de reconstrucción nacional que dé respuestas rápidas y eficaces a los problemas; integrado por personajes de la sociedad civil, académicos, intelectuales, rectores de universidades, mujeres con visión integral de género y jóvenes que se han distinguido en la participación comunitaria y social.

El reparto de cantidades irrisorias no soluciona nada. La diferencia entre la propuesta del PRI y la del Frente Ciudadano por México es sustantiva. El PRI se ha precipitado. Es el partido que más recursos públicos recibe porque es el partido en el gobierno, y por eso ha orientado el ahorro en función de partidos en vez de frenar el derroche y los gastos desmesurados del gobierno para darle relevancia a las necesidades más urgentes de la población.

Debemos darle seriedad a la vida pública del país. Más adelante tendrán que establecerse mecanismos de concertación y acuerdos para una reforma que, en términos de lo aquí planteado, evite el despilfarro de recursos públicos entregados a los partidos y al órgano electoral, así como también el dispendio del sector público.

En una emergencia como ésta, las dirigencias políticas y los funcionarios de gobierno deben estar por encima de las miserias humanas. Hay que avanzar más allá de la espectacularidad mediática. Las dirigencias de todos los partidos políticos deben dar prioridad al interés superior del país.
El PRI tuvo mucho tiempo para apoyar la propuesta de eliminar el financiamiento a los partidos y poner los recursos públicos en manos del INE, con una administración inteligente y honrada que impulsara nuestra cultura cívica. Pudieron apoyar y no lo hicieron. Lo discutimos con ellos en Grupos Parlamentarios y no lo aceptaron. Ahora, repentinamente, cambiaron de opinión. Ojalá no sea únicamente con fines electoreros.

Los priistas plantean simplemente que sean los partidos políticos los que generen austeridad; nosotros queremos que se sume a este propósito toda la estructura de gobierno. Los recursos no deben ni pueden ser dilapidados en momentos de crisis. Se impone la racionalidad del gasto.

El PRI y sus aliados tradicionales saben muy bien que si no acuerdan con los grupos parlamentarios del Frente Ciudadano por México, sus reformas no tendrán apoyo ni consecuencias. Se quedarán en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero no en el escenario adecuado para las actuales necesidades de México. Sería como montar una obra de teatro con pésimos guiones y peores actores.

El PRI no tiene capacidad numérica para hacer una reforma constitucional. Sabe que no puede darse lo que pone sobre la mesa.

Independientemente de la dolorosa tragedia que se sufre en amplias regiones del país, el Frente Ciudadano por México es lo suficientemente fuerte para ganar el poder público porque va más allá del voluntarismo de una sola persona. El gobierno y su partido saben que tenemos posibilidades de triunfo; que el Frente ha planteado la necesidad de sustituir el viejo sistema disfuncional por un nuevo régimen, un gobierno de coalición, un empoderamiento ciudadano del Congreso y del poder público en general.

Ya tuvimos alternancia sin transición y se probaron muchas cosas que no han funcionado. Empecemos entonces a trabajar en un proyecto nacional que garantice resultados.

No podemos apostar a la visión individual ni al “no” permanente como instrumentos de estrategia de éxito para el cambio. Estamos en un proyecto donde hay voluntad, no ánimo de coyuntura.

Tengamos visión de grandeza, visión de futuro para edificar un país más plural. Ese es el propósito del Frente Ciudadano por México. Va a funcionar porque operará por encima de los partidos, situando en los cargos a ciudadanos con experiencia y que den resultados, que no lleguen a aprender.

No hay ruptura con nadie ni descalificamos a nadie. Somos respetuosos de las decisiones ajenas, como la de Morena al optar por construir su estrategia con el Partido del Trabajo. No es un acto de prepotencia, arrogancia o soberbia, la propuesta ya está claramente planteada en los propósitos del Frente Ciudadano por México.

Hoy el pueblo está lastimado. Acaso se nota más en la Ciudad de México, pero en las comunidades aisladas y vulnerables de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, el Istmo y el resto de los lugares afectados, se vive una situación dramática para la que todos, sin excepción, debemos tener respuestas. Pensar que con el 0.3 por ciento del presupuesto nacional vamos a resolver un problema tan grande, es un engaño. Pero es un atropello a la dignidad de la sociedad no advertir que tenemos el gasto electoral más costoso del mundo. Lo reiteramos: por encima de todo, están los intereses superiores de México.

En la búsqueda de acuerdos debe haber mucha humildad. Sin emplazamientos en plaza pública, sin egolatrías. Están dadas las condiciones para que haya posibilidades de diálogo. Lo peor que podría suceder es que no conciliemos voluntades cuando la sociedad ha dado el ejemplo de que es posible lograrlo.
De lo que se trata es de que gane el país, no los partidos.