Laura Hernández García
Los días 19, 20 y 21 del pasado mes de junio se realizó en Cancún, Quintana Roo, el 47º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el evento participaron 23 cancilleres de 34 países miembros, 94 organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, empresarios que acudieron al XI Foro del Sector Privado, y jóvenes que participaron en la Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TICs); se realizó, además, el Panel Temático sobre las Oportunidades y Desafíos para el Liderazgo de las Mujeres de las Américas.
Los objetivos de la OEA en esta sesión fueron “el fortalecimiento del diálogo y la concertación de la prosperidad”, sin embargo, en opinión de quienes participamos durante y después de la asamblea, no se cumplieron a cabalidad.
Ciudadanas y ciudadanos asistentes, así como las personas que a través de los medios de comunicación y las redes sociales siguieron este evento, fuimos testigos del fracaso de la asamblea en alcanzar un consenso para lograr la aprobación de una resolución sobre la situación en Venezuela, y del desempeño del canciller Videragay que comprometió el prestigio de México ante la sociedad civil latinoamericana y caribeña al apoyar incondicionalmente la propuesta liderada por EUA que condenaba al gobierno de Nicolás Maduro por la violación a derechos humanos y la crisis humanitaria en este país hermano.
La canciller venezolana Dalcy Rodríguez evidenció la violencia y la crisis de derechos humanos que vivimos en México, mencionando, entre otros puntos, que nuestro país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, la impunidad en la que permanecen los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, así como ejecuciones arbitrarias, problemáticas que son del conocimiento de la comunidad internacional.
La canciller Rodríguez dijo a Videragay en conferencia de prensa: “Canciller, atienda las demandas de su pueblo… Hay que ser muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país”. Desde el punto de vista de cualquier ciudadano o ciudadana que lo escuchó, esto duele, avergüenza e indigna.
La gran mayoría de participantes de América Latina y el Caribe con quienes tuve oportunidad de conversar, opinaron que el gobierno de México fue servil a los intereses de EUA, independientemente de que la sociedad civil de la región estaba convencida de la importancia de un pronunciamiento de la OEA sobre la situación social, económica y política de Venezuela. También me compartían con añoranza los tiempos en los cuales México era el líder de la región Latinoamérica al lado de Brasil, y hacía valer sus derechos y los derechos de los países de la región.
Por otra parte, los ciudadanos que participaron en el 47º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA debieron cubrir una serie de requisitos y principios de participación que no se habían dado en las sesiones anteriores, con el fin de evitar enfrentamientos y actos de violencia como los que ocurrieron en 2016 en República Dominicana durante la sesión anterior. El gobierno mexicano a través de la cancillería propuso a la OEA un formato diferente de participación para la principal actividad prevista en la Asamblea General con la sociedad civil, que es el diálogo de los cancilleres de los Estados miembros, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales. La OEA aceptó la propuesta del formato que consistió en:
- Solicitar a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales organizarse en coaliciones temáticas hemisféricas auto-gestionadas con el fin de facilitar una participación más amplia, equitativa e inclusiva de acuerdo a las coincidencias entre las organizaciones y evitar conflictos durante el diálogo. Los representantes de las asociaciones civiles debían inscribirse para recibir su acreditación antes del evento.
- Cada coalición debía estar integrada al menos por diez organizaciones inscritas para participar en la Asamblea General, con posiciones afines sobre al menos uno de los tres segmentos del diálogo.
- Los tres segmentos del diálogo fueron:
- • Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho
- • Desarrollo Integral y Prosperidad en el hemisferio
- • Seguridad Multidimensional
- Los representantes de la sociedad civil acreditados y que no se unieron a alguna coalición sólo pudieron participar en calidad de observadores en el diálogo.
- Se establecieron principios de participación en las actividades y espacios de la Asamblea General. Los participantes se comprometieron a respetar la diversidad de opiniones y a abstenerse de efectuar acciones que incitaran a la violencia física o verbal en las reuniones, foros y diálogos como interrumpir al orador, gritar, abuchear, silbar o incurrir en cualquier expresión que impidiera el desarrollo de la reunión. Si se diera el caso de que un participante violentara estas líneas de conducta, los organizadores de la Asamblea General se reservaban el derecho de decidir sobre su permanencia en el evento.
A pesar de estas reglas y de los comunicados que realizó la cancillería mexicana, hubo poca claridad en los procedimientos para la inscripción de los participantes e inscripción de coaliciones; muchas organizaciones no pudieron formar parte de una coalición y ocurrieron múltiples problemas técnicos en la recepción y aprobación de solicitudes de inscripción de los actores sociales.
Originalmente la sede del evento era la Ciudad de México, por lo que varias organizaciones locales, latinoamericanas y caribeñas ya habían realizado reservaciones y planeado la logística en dicha sede. A un mes de realizarse el evento, la cancillería mexicana propuso el cambio de sede a la ciudad de Cancún, lo que obstaculizó la participación de la sociedad civil y atomizó la manifestación de los diversos movimientos sociales, como la manifestación de los padres de los 43 desaparecidos afuera del Centro de Convenciones Moon Palace. Las organizaciones civiles y otros actores sociales de Quintana Roo no pudieron inscribirse, pues las solicitudes de inscripción se cerraron el 19 de mayo del año en curso, por lo tanto, no se les permitió entrar a la sede del evento.
El nuevo formato de participación de la sociedad civil tuvo el objetivo de evitar conflictos que impidieran el desarrollo de las actividades de la Asamblea General. Por primera vez, la sociedad civil y los representantes de los Estados y el Secretario General de la OEA estuvieron sentados en la misma mesa. Durante este diálogo con los cancilleres, la sociedad civil tuvo 40 espacios para su intervención a través de las coaliciones con una duración de 5 minutos cada uno.
Quienes participamos en este periodo de sesiones de la OEA como ciudadanos defensores de derechos humanos, realizamos cabildeo cara a cara con las delegaciones de los Estados y con los comisionados de las relatorías temáticas de esta organización panamericana para impulsar el avance de los derechos humanos de migrantes, mujeres, personas con discapacidad y de la población LGBTI. Esta labor fue difícil, pues los grupos conservadores no sólo cabildearon en contra de los avances de los derechos de los grupos de la diversidad sexual, el derecho al reconocimiento de la identidad de género y de los derechos sexuales y reproductivos, también trataron de provocar enfrentamientos principalmente con las mujeres Trans y protestaron porque no se les permitió que el camión naranja con la leyenda “Dejen a los niños en Paz #Con mis hijos no se metan” entrara a la sede de las actividades de la Asamblea General de la OEA. Por todo esto fueron denominados como “grupos anti-derechos” por los demás activistas.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional A.C. (CEJIL), previamente a la elección de los nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó una campaña regional en redes sociales, llevando a cabo el cabildeo con los países miembros; a estas acciones nos sumamos todos los participantes de las coaliciones de la sociedad civil de todo el continente para que la elección de los nuevos miembros de la CIDH tuviera como base criterios como: la idoneidad por sus méritos propios y profesionalismo, que fueran independientes al gobierno y se respetara la paridad de género.
Al concluir las actividades del 47º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA se aprobaron 16 resoluciones entre las que están la Resolución sobre la Promoción y Protección de Derechos Humanos, y la Resolución sobre Migración de las Américas, entre otras. En la última sesión plenaria de la reunión se eligió a Joel Hernández de México, Flávia Cristina Piovesan de Brasil y Antonia Urrejola de Chile como nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mexicano Joel Hernández, impulsado por la cancillería mexicana, fue uno de los candidatos que no contó con el respaldo de las organizaciones de derechos humanos mexicanas y que resultó elegido.
Al final de la asamblea, como ciudadanos mexicanos y como latinoamericanos, al realizar un balance realista de la actuación de cada uno de los países miembros y en consecuencia del futuro de la OEA, resulta apremiante pasar de los discursos a las acciones concretas que movilicen a la región en beneficio de sus pueblos para lograr un desarrollo sustentable que abata la pobreza y respete los derechos fundamentales y las diferencias entre los individuos y naciones.
Hoy la unidad latinoamericana es simbólica, las restricciones y el poder de EUA hacen que prevalezca una lógica que supone que la unidad con los países latinoamericanos disminuye la posibilidad de obtener beneficios de parte del gigante norteamericano, lo cual es remoto por no decir absurdo; ejemplo de ello lo vivimos en México.
Como ciudadana mexicana, considero que los desafíos del sistema interamericano se ubican en el replanteamiento de los principios y fundamentos de soberanía, seguridad, gobernabilidad, no intervención, injerencia, cooperación, democracia, equidad, solidaridad y justicia, los cuales son indispensables en este siglo, así como el papel del derecho, los cometidos de la política, el respeto a la diferencia y la ponderación de la identidad cultural latinoamericana.
Es crucial aprender a combinar lo nacional y lo mundial, los latinoamericanos estamos obligados a movilizar a nuestros países y a Latinoamérica toda.