Laura Hernandez
“México se desangra, la comunidad internacional está escandalizada y considera que México es el país sin guerra más peligroso para los jóvenes: jóvenes mutilados, jóvenes sin cuerpo, jóvenes asesinados. En el mundo entero resuena la indignación”. Elena Poniatowska
Los ataques a jóvenes normalistas y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, son hechos atroces que visibilizan la crisis de garantías fundamentales, individuales y sociales que vivimos en México. Las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los familiares y el pueblo de México, a un año seis meses, continuamos en búsqueda de la verdad y la justicia para que se castigue a los culpables.
En nuestro país, el número de personas desaparecidas de acuerdo con el registro del gobierno federal es de 27 mil 659 al 31 de diciembre del 2015, y Amnistía Internacional en su informe “Un trato de indolencia: La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México” indica que no hay claridad acerca de cuántas de estas personas han sido sujetas a desaparición forzada (es decir, con participación de agentes estatales), cuántas a desaparición a manos de actores no estatales.
En este contexto, la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es trascendental y simboliza atacar de raíz un problema estructural que representa una tragedia para México, para las víctimas de desaparición forzada y para sus familias.
El caso de los 43 normalistas fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por conducto de una solicitud de medidas cautelares presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez A.C.; las medidas cautelares se otorgaron a favor de los 43 estudiantes desaparecidos y se solicitó al Estado mexicano hacer todo lo necesario para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, a fin de proteger a los estudiantes heridos que estaban hospitalizados ya que su vida e integridad personal estaban amenazadas y/o en grave riesgo.
En este contexto, en consulta con los peticionarios y en respuesta a esta grave situación violatoria de derechos humanos, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica a la CIDH para la investigación del paradero de los normalistas desaparecidos, por lo cual la Comisión Interamericana acordó asistencia técnica que incluyó la incorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre cuyas atribuciones están: a) el análisis de los planes de búsqueda de personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; b) análisis técnico para determinar responsabilidades penales; c) análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos; y d) ser coadyuvante en las investigaciones, así como presentar denuncias penales ante las autoridades competentes.
El acuerdo de cooperación técnica se hizo oficial en noviembre del 2014. Fue firmado por la CIDH, representada por el Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza; por el gobierno mexicano, representado por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Manuel Gómez Robledo, y por los solicitantes de la medida cautelar representados por el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Mario Patrón.
El informe presentado por el GIEI el 6 de septiembre del 2015, puso en duda la llamada “verdad histórica” por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, según la cual los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula; además, el expediente sugería que se investigara como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes. El GIEI recomendó realizar cruces de información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional e identificar de manera precisa el quinto autobús de la línea Estrella Roja, donde presuntamente se transportaba la droga. Asimismo, en sus recomendaciones hace énfasis en la atención a los familiares de los 43 desaparecidos y otras víctimas.
Las recomendaciones del GIEI en su informe se engloban en cuatro rubros:
- Recomendaciones realizadas en el proceso.
- Recomendaciones vinculadas con la investigación y búsqueda del caso Ayotzinapa.
- Recomendaciones generales en torno a la desaparición forzada en México.
- Bases para investigar la desaparición de personas en el estado de Guerrero en general y en la ciudad de Iguala en particular.
Posteriormente a la entrega de este informe, el año pasado el gobierno mexicano y el GIEI firmaron los compromisos para dar seguimiento al trabajo en el caso Ayotzinapa. El 21 de febrero del 2016 presentaron avances y desafíos; a dos meses de concluir su segundo periodo de trabajo, los expertos y las expertas indicaron que valoran positivamente la creación de un grupo de búsqueda y la disposición de nuevo equipo de la PGR para trabajar en conjunto.
El GIEI también hizo observaciones al proyecto de ley en materia de desaparición de personas, enviado al Senado por el gobierno de México y espera participar en las próximas semanas en los espacios de discusión a fin de contribuir a que dicha Ley responda a los más altos estándares internacionales
El GIEI también señaló que ha enfrentado obstáculos como: la fragmentación del caso, la falta de acceso a información fundamental, la revictimización de la familia del estudiante Julio Cesar Mondragón causada por la burocracia (la toma de una muestra de ADN se llevó 3 meses lo que causó mucho sufrimiento a la familia de la víctima), la filtración de declaraciones, que sigue siendo un factor que genera confusión, y la campaña de desprestigio en su contra ya que ha sido objeto de intentos de descalificación personal y difamación.
EL GIEI no ha respondido a estos ataques y ha optado por continuar trabajando para el cumplimiento de su mandato, pero desde su perspectiva dichos ataques tratan de cerrar el espacio de la búsqueda de la verdad. Tal parece que ante la imposibilidad de cuestionar el trabajo de investigación y el contenido del informe, se busca crear confusión, tarea que forma parte de los mecanismos de impunidad con los que se pretende desacreditar a defensores y defensoras de derechos humanos. Los objetivos claves del trabajo del GIEI son:
- La respuesta a la necesidad de la verdad y de justicia a las víctimas y a sus familiares.
- La contribución al fortalecimiento del Estado de derecho en México y la calidad de la investigación que ayude a resolver el caso desde lacoadyuvancia con las autoridades.
Es fundamental que en los dos meses que restan del trabajo del GIEI se superen los obstáculos descritos y se fortalezcan las mejores prácticas para el esclarecimiento del caso. Ello contribuirá definitivamente a la lucha contra la impunidad y a favor del fortalecimiento de la democracia en México.